Texto: Associació Catalana per la Pau

Manuela es un personaje ficticio, inspirado en casos verídicos. No obstante, todos los datos referenciados en este texto son estrictamente reales.

Manuela observa la noche sentada en su piedra. El primer anochecer después de llegar, ahora hace 5 años, ya se dio cuenta que aquí, en esta barriada de Bogotá, el cielo es mucho menos estrellado que en los Llanos Orientales. Suspira, entristecida: mañana hará 6 años que la vida empezó a cambiar para toda la familia…

Juan era tres años mayor que ella. Manuela ya no se sorprende de pensar en él en pasado… Un chico alegre, trabajador, comprometido con su comunidad. Sus padres habían llegado a la zona de los Llanos Orientales en los años 60. Junto con unas cuantas familias más, se establecieron en la región de la Ariari-Guayabero, en una zona con vegetación selvática de poca altura, de pastoreo y rastrojos, a unos 20 km del núcleo de La Macarena.

En aquella época, todo aquel territorio era virgen y las familias hacía una década que lo colonizaban con total libertad: llegaban huyendo de la violencia desencadenada en la región central del país, edificaban su casa y se ocupaban de todo el trozo de tierra que podían cultivar. El Estado y sus políticas públicas quedaban demasiado lejos, de forma que los campesinos se empezaron a organizar en las Juntas de Acción Comunal (YAZCO). Cada vereda tiene su Junta y estas, a la vez, se coordinan en una organización de segundo nivel.

La Junta es la autoridad: cohesiona, organiza, protege… En la comunidad, todo el mundo forma parte, respeta las decisiones y colabora en las tareas colectivas que haya por hacer: Un camino, la escuela,… La Junta, incluso, sanciona las actitudes reprochables, como abonarse a los cotilleos.

Un trueno lejano rompe los recuerdos de Manuela. Antes, en su casa, cualquier chasquido que estallaba entre los árboles era sinónimo de disparos y todo el mundo corría a refugiarse. Los más de 70.000 habitantes de la región Ariari-Guayabero tienen que convivir con unos 25.000 soldados del ejército regular (con un intenso asesoramiento norteamericano) destacados en el territorio, con grupos paramilitares y con facciones de las guerrillas. Precisamente esta zona está considerada como la cuna de las FARC.

Manuela no ha conocido otra realidad. Al fin y al cabo, el conflicto armado de Colombia se inició antes de que ella naciera y su vida no ha sido demasiado diferente de la de sus vecinos de la vereda o de asentamientos similares: En una de las zonas más fértiles del planeta, inmensamente rica en flora y fauna, la vida habría podido ser próspera y gratificante.

Desde que ella era pequeña, los campesinos vivían de lo que cultivaban en comunidades cohesionadas y autogestionadas… el comercio era difícil, dado que el transporte era costoso debido a las malas comunicaciones y por eso practicaban básicamente la agricultura de subsistencia y la ganadería.

En aquel momento, la guerrilla ya controlaba la región.

A partir de la década de 1980 se empezó a estender el cultivo de coca (cultivos ilícitos, como los denomina el gobierno).

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Paralelamente, el descubrimiento de algunas bolsas de petróleo provocó que el gobierno colombiano incentivara la extracción (el 2008 el Departamento de Meta producía 156.875 barriles diarios, según la empresa Ecopetrol), y Meta se convirtió en la principal región extractora de crudo, provocando la llegada de una fuerte inversión extranjera, que exigía garantías de seguridad para sus instalaciones y para los nuevos oleoductos que se construian. Y, en medio, se encontraban todos los campesinos como Manuela y su familia.

Recuerda como, en poco tiempo, su Vereda sufrió unos cambios sustanciales: muchos vecinos sustituyeron las tierras dedicadas a la ganadería y los cultivos tradicionales de alimentos (plátano, yuca, arroz, trigo, fríjoles, ajonjolí y frutas cítricas como la naranja, limones, mango, etc.) por la hoja de coca. Este producto tiene un ciclo de cultivo muy inferior al resto -45 días enfrente a los 6 meses que necesita el trigo- y los beneficios son bastante superiores. Pese a que la mayoría de los beneficios no repercuten en los campesinos, un aumento tan repentino de riqueza acabó desestabilizando las veredas de la región: esta prosperidad engañosa provocó un efecto de llamamiento de gente desarraigada que buscaba, también, una manera de ganarse la vida.

El gobierno, presionado por las multinacionales, entendió que debía controlar el territorio para ofrecer la tan preciada seguridad y estabilidad. Con el objetivo de recuperar y consolidar los “antiguos territorios dominados por la insurgencia”, el gobierno implementó el Programa de Consolidación Territorial, dentro del marco de la Política de Seguridad Democrática. En la Región de La Macarena, se concretó  el Plan de Consolidación Integral de la Macarena (PCIM).

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian que las inversiones públicas en la zona (solo en el municipio de la Macarena, 15,3 millones de dólares; y en toda la región del PCIM: 180,3 millones de dólares), tienen un destino básicamente militar. La organización social reclama los derechos (ambientales, económicos, políticos) de las comunidades y se opone, en muchos casos, a las políticas de extracción indiscriminadas (fracking) y de falta de inversión social en el territorio. Todo esto, sumado a la presencia de la guerrilla –que no genera seguridad a los inversores-, explica los planes militares de seguridad y consolidación territorial aplicados por el gobierno colombiano.

Manuela recuerda los primeros casos, que le eran lejanos: un joven jornalero de la vereda vecina que desapareció en el 2006. Una madre que había ido con los hijos de excursión. Un joven que se dirigía a casa de su primo…

Siempre, en zonas donde operaba el ejército nacional. Con silencios de respuesta a las preguntas angustiosas de los familiares. Y, algunas veces, con un final como salido de una novela: ante la incredulidad y la indefensión de la familia, la víctima era presentada como un guerrillero «dado de baja en combate» o como un «delincuente abatido en operación militar». Si conseguía recuperar el cuerpo, la familia tenía prohibido abrir el féretro para averiguar qué había pasado realmente. El crimen, en lugar de reconocerse como error, era camuflado con un engaño. O, peor todavía, era fruto de una manipulación calculada de sus responsables para completar las ‘cuotas de efectividad’ que cada destacamento militar tenía que lograr…

La fuerte ayuda militar norteamericana, los impuestos para la guerra y el enorme gasto militar son justificados con el número de «enemigos dados de baja». Un informe de 2009 de la Alta Comisionada de las NNUU para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia afirma: “las ejecuciones extrajudiciales no son hechos aislados, sino una práctica muy extendida cometida por un importante número de unidades militares a lo largo de todo el país”.

Y ¿qué pasaba en el cementerio de La Macarena? Cada vez más a menudo, los helicópteros militares abocaban bolsas de plástico. Los vecinos se extrañaban: aquella semana no había habido defunciones… Pero habían aprendido a no sentir curiosidad, porque las preguntas comportaban amenazas, robos, desperfectos en las propiedades, quema de viviendas, destrucción de los cultivos… Las familias de los desaparecidos sufrían en silencio la desazón, la desesperación, el duelo. Y, finalmente, un día sus vecinos veían como se iban, abatidos, pero con la esperanza de volver cuando las condiciones mejoraran.

A pesar de las amenazas y el asedio militar, a finales del 2008 estalló el escándalo, precisamente en el cementerio de La Macarena. El escándalo de los centenares de desconocidos enterrados furtivamente. La noticia dio la vuelta al mundo, recuerda Manuela: en el 2010, una delegación internacional formada por eurodiputados e integrantes de ONG se desplazó al pueblo y arrancaron el compromiso del gobierno colombiano de exhumar los cadáveres, identificarlos y devolverlos a sus familias.

Manuela niega con la cabeza: a fecha de hoy, lo único que se sabe es que en los 5 cementerios de la Macarena, San José del Guaviare, Villavicencio, Granada y Vistahermosa se han exhumado 806 cuerpos, 801 de los cuales ya han sido identificados y 50 restos mortales han podido ser entregados a sus familias. Mientras el Presidente Álvaro Uribe celebraba su segundo mandato (2006-2010) mostrando con orgullo las cifras de descenso de la violencia y la creación de una “red de informadores o cooperantes”, las familias esperaban, en vano, respuestas.

Hasta el fatídico 28 de enero del 2009. Manuela cierra los ojos con rabia. El día que Juan tenía que llegar a casa después de hacer unas gestiones para la Junta de Acción Comunal en el centro urbano de La Macarena, acompañado de su amigo Miguel Alfonso. El día que la cena se enfrió y la noche se alargó por culpa del insomnio…

¿Qué pasó realmente? Manuela y su familia sólo tienen sospechas. Juan era miembro activo de la JAC de su Vereda. Luchaba por los derechos humanos y había denunciado los desplazamientos forzados a los cuales se había visto obligada parte de la población de la zona. A pesar de las amenazas que recibía, seguía luchando por convicción. Hasta el día de su detención, unos meses antes de su desaparición. Volvió dos días más tarde, con señales de haber recibido golpes: “decían que un informador me había denunciado como colaborador de la guerrilla” – recuerda Manuela que le había dicho – “pero no lo han podido demostrar”. Manuela descubrió en su hermano un flash de temor en la mirada y sólo se atrevió a recomendarle que fuera prudente.

El día siguiente de la desaparición, ella misma y su marido fueron a denunciar que su hermano no había vuelto. Encontraron a la mujer de Miguel Alfonso, el compañero de Juan que tampoco había vuelto a casa. Los soldados estaban más nerviosos que normalmente: decían que al atardecer, un destacamento había sufrido, más abajo, un encuentro con guerrilleros. Entonces fue cuando el corazón se le desbocó. Había habido un par de bajas, pero no los dejaron ver los cadáveres. Los vareos por la zona que organizó la JAC volvieron con las manos vacías. Los siguientes meses fueron una pesadilla: la insistencia de Manuela para conocer la verdad le comportó amenazas, detenciones, interrogatorios… finalmente, como tantas otras familias, Manuela y los suyos también tuvieron que irse de casa.

Después de un interminable trayecto de tres días, llegaron a Bogotá para establecerse. Entonces empezó la segunda parte del calvario que viven todas las personas desplazadas: el subsidio estatal que nunca acaba de llegar, la búsqueda de una vivienda y de un trabajo, la adaptación a la ciudad y el sentimiento constante de destierro, el miedo por un futuro incierto…

La capital colombiana y Villavicencio, la capital regional, acogen la gran mayoría de desplazados forzados. En Bogotá, Manuela se enteró de las presiones que el gobierno recibe sobre casos de ejecuciones extrajudiciales como el suyo y sobre los cuerpos NN del cementerio de La Macarena. En total se calcula que, solo en la región del Meta, hay entre 3.000 y 3.500 cadáveres no identificados.

Organizaciones internacionales, entidades defensoras de los derechos humanos y congresistas colombianos como Gloria Inés Ramírez e Iván Cepeda denuncian estas prácticas y la vulneración de los derechos humanos en el país, pidiendo reparación y justicia para las víctimas.