Texto: Associació Catalana per la Pau

Artículo publicado originariamente el 03/04/2018 en el periódico Regió 7

En febrero de 2018, Sylvie Luzala y Erick Kambale, activistas de la ONG congoleña Étoile du Sud, tenían previsto visitar diferentes centros de secundaria de Manresa para hablar sobre el negocio del coltán y las implicaciones que la tecnología móvil tiene en la guerra y en la violación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo.

La actividad, organizada por la Associació Catalana per la Pau y la concejalía de Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de esta localidad catalana, formaba parte de una gira de sensibilización por diversos municipios catalanes, que también incluía la participación de los dos activistas en el Mobile Social Congress. Finalmente, ninguna de estas acciones se pudo llevar a cabo ya que la embajada española en Kinshasa les denegó el visado.

La ciudadanía catalana perdió, así, la oportunidad de conocer de primera mano el testimonio de lo que pasa en un país que acumula el 80% de las reservas mundiales de coltán, mineral básico para fabricar baterías de ordenadores, GPS o dispositivos móviles. Un país que representa el verdadero punto cero del mundo tecnológico, donde el negocio de los ‘minerales de sangre’ empobrece año tras año a la población local, mientras enriquece a los actores armados que controlan las minas y las empresas que viven de ello. El conflicto, que dura ya más de dos décadas y ha provocado más de cinco millones de víctimas mortales, responde a una serie de causas políticas, étnicas y económicas, en la cual los recursos extractivos se encuentran situados al epicentro.

Al igual que en cualquier otra guerra, las mujeres y los niños son los más afectados. Violaciones, prostitución forzada, trabajo infantil o reclutamiento de menores para las milicias armadas son algunas de las consecuencias de todo lo que se articula alrededor de la lucha por el control de los minerales.

«En la República Democrática del Congo, el mapa de las violaciones de derechos humanos coincide con el de las minas de coltán». Son palabras de la periodista y defensora de derechos congoleña Caddy Adzuba, que ha vivido desde muy pequeña en primera persona los resultados del conflicto y que no se cansa de denunciarlos, a pesar de las múltiples amenazas que sufre. Adzuba ha puesto en varias ocasiones el foco de su discurso en el papel que tienen las multinacionales en toda esta historia, acusándolas de cooperación o, en el mejor de los casos, de dejadez.

En este sentido, un informe de Amnistía Internacional muestra que casi el 80% de las grandes empresas no controla ni revela adecuadamente si sus productos contienen minerales procedentes de zonas de conflicto en África Central.

Ante esto, los Estados Unidos y la Comisión Europea han empezado a trabajar en la implementación de normativas que permitan establecer una trazabilidad eficiente, es decir, conocer el origen y el recorrido que han seguido los minerales que se utilizan en la fabricación de la tecnología, aunque estas normativas tampoco son garantía porque las minas cambian a menudo de manos y porque se ha empezado a detectar un tráfico de hashtags que acreditan la supervisión.

Étoile du Sud, la organización en que trabajan Luzala y Kambale, centra precisamente buena parte de su actividad en la zona oriental del país, donde la gran concentración de minas de coltán y otros minerales ha intensificado el conflicto armado.

Para contribuir a un desarrollo humano sostenible en esta zona, la Associació Catalana per la Pau y Étoile du Sud han puesto en marcha conjuntamente un proyecto que promoverá el acceso a la salud, la educación, la protección de la población vulnerable -mujeres, niños- y de los líderes y lideresas comunitarias, y la construcción de paz.

El programa incidirá en la mejora del servicios médicos primarios de la población residente y de las personas internamente desplazadas de la ciudad de Beni (Norte-Kivu). También prevé incrementar la capacidad de defensa y protección de las mujeres y de los menores ante las violencias de género y contra la infancia cometidas por los diferentes actores armados.

No es la primera vez que ambas organizaciones trabajan juntas. Entre los años 2015 y 2016, llevaron a cabo un proyecto para promover el acceso a la salud de las mujeres, financiado por la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament y el Ayuntamiento de Manresa y en el cual también participó la organización belga M3M.

El programa se desarrolló en la capital del país, Kinshasa. Las beneficiarias directas fueron mujeres y niñas de los barrios populares, unos espacios que presentan una carencia estructural de equipaciones sanitarias, además de una ausencia tanto o más importante: la educación de la población en torno a aspectos de salud y de derechos fundamentales.

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