Texto: Meritxell Rigol / Imágenes: Associació Catalana per la Pau
Paciencia, resistir y continuar en su tierra. Son los vértices que conforman la única opción para la población palestina, dice Shareef Omar. Es campesino y la ocupación de su territorio lo ha volcado al activismo. Vive en Jayyous, en Cisjordania, donde la combinación de ejército y asentamientos de colonos -400.000, llegados de Europa del Este y de los Estados Unidos- permite al gobierno de Israel controlar buena parte de los municipios y vías de comunicación.
“Cuando los israelíes entiendan que las necesidades de los niños y niñas palestinos son las mismas que las de los niños y niñas israelíes, viviremos en paz”, afirma Omar. Por ahora, sin embargo, en la guerra del gobierno israelí contra el pueblo palestino, impedir la seguridad alimentaria es un arma. “Las múltiples restricciones impuestas por Israel son una variable fundamental para comprender la situación alimentaria de Palestina que, para poder resistir, es cada vez más dependiente de la ayuda externa”, explica Tere Palop, responsable de los proyectos de la Associació Catalana per la Pau en Palestina, entidad que trabaja allí desde hace veinte años de la mano de organizaciones locales campesinas, de mujeres y por el derecho a la salud.
Los checkpoints (puntos de control militar) y los asentamientos ilegales de colonos israelíes cortan los caminos y a menudo los campesinos y campesinas no pueden acceder a sus tierras. De hecho, la mayoría de la tierra cultivable en Cisjordania, aislada por el muro que la rodea -alzado por Israel desde 2002 en nombre de la seguridad nacional y que atraviesa las tierras más fértiles e impide la libre movilidad de las comunidades palestinas-, se encuentra dentro de lo que el gobierno israelí considera Área C: zona restringida por maniobras militares.
Dificultar que la población palestina produzca e impedirle el acceso a una alimentación suficiente y nutritiva es uno de los golpes contra los derechos básicos que el gobierno de Israel lanza para fomentar la migración de la población palestina. “Construyeron el muro para ir ganando terreno y separar a la población palestina porque, si emigramos, los tribunales de Israel pueden decretar la confiscación de la tierra”, explica Omar. Él, como muchos otros pequeños propietarios, ha sido encarcelado por defender sus tierras.
En los territorios palestinos ocupados, las detenciones arbitrarias -bajo la etiqueta de “detención administrativa”, que pueden alargarse años-, así como disparar contra el campesinado cuando trabaja las tierras, son otras vulneraciones de los derechos humanos que impiden cultivar de manera segura. “La presencia militar hace que muchos agricultores que no tienen acceso a sus tierras, o que lo tienen muy restringido, vivan a veces por debajo del umbral de la pobreza, por no poder planificar qué producen y por falta de acceso al mercado, por el bloqueo que se vive en Cisjordania y Gaza”, explica Abbas Melhim, director de Palestinian Farmers Union (PFU), una de las organizaciones socias de la entidad catalana.
De los trece accesos del muro, solo cuatro son para población palestina y es habitual que se le dificulte el paso. A la reducción de la producción agrícola derivada de la construcción del muro, hay que sumarle la dificultad de producir, y vivir, bajo las restricciones del acceso al agua. Una de las formas más destructivas que toma la ocupación. “Estas son las consecuencias del apartheid que vivimos”, denuncia Rashid, campesino de Bardala, en el Valle del Jordán (Cisjordania). Solo le llega agua dos días a la semana. La tubería que tiene que abastecer a las cinco mil personas de su comunidad ha sido empequeñecida por el gobierno israelí y ahora es la mitad de lo que era originalmente. La que llega al asentamiento de los colonos es al menos diez veces más amplia para abastecer a las 400 personas que viven allí.
“La escasez de agua obliga a recorrer a aguas residuales o no tratadas, cosa que dispara el número de enfermedades transmitidas, en especial las diarreas, que se han convertido en la segunda causa de mortalidad entre los menores palestinos, después de las enfermedades respiratorias”, explica Palop. Conseguir nuevas fuentes de agua es una de las prioridades de las acciones que desarrollan juntas la Associació Catalana per la Pau y PFU en los territorios ocupados.
“Controlan nuestros recursos de agua y la zona palestina se queda sin cultivos, mientras que en el otro lado del muro todo es verde, y si comparas los precios del agua entre el campesino palestino y los colonos, para ellos es mucho más barato”, denuncia Melhim, remarcando que el problema no es solo la escasez de agua, sino el acceso. Los colonos consumen diez veces más agua que la población palestina. En alianza con el Grupo Palestino de Hidrología, la Associació Catalana per la Pau y PFU trabajan para implementar un sistema alternativo de los usos de las aguas residuales que facilite la irrigación de las tierras.
Ante la política israelí de apropiación de las aguas subterráneas, la alianza entre la organización catalana y PFU trabaja para facilitar el acceso al agua a los agricultores y agricultoras integrantes de cooperativas en los territorios ocupados. En Gaza, estas entidades han promovido la construcción de una canalización para proveer de agua para uso agrícola a unas 1.300 personas. “Es urgente reducir la inseguridad alimentaria de la Franja, víctima de un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo que supone un castigo colectivo feroz para dos millones de personas”, afirma Palop.
A pesar de que al campesinado palestino se le hace difícil cultivar en una tierra que, tradicionalmente, ha sido rica en verduras y en aceitunas, el cultivo mantiene aún un papel muy importante dentro la economía palestina y genera el 25% de las exportaciones del territorio, principalmente aceitunas y aceite y frutas y verduras. Ahora bien, como el agua es más cara y es más caro producir, los precios se resienten. “La economía agrícola palestina, ya de por sí precaria, queda perjudicada porque no puede competir con otros productos de fuera que son más baratos”, lamenta Melhim.
Según alerta la Associació Catalana per la Pau, en los territorios ocupados los altos precios de los alimentos llevan a las familias a reducir el valor nutricional de sus dietas. La mayoría de la población palestina en Cisjordania gasta más de la mitad de los ingresos en alimentos de primera necesidad.
Cultivar contra la expulsión
Además de los elevados costes de los productos agrarios y el control de los recursos hídricos, la población palestina se enfrenta continuamente a la confiscación de tierras, a la obstrucción de vías y canales de transporte de mercaderías y a restricciones para acceder al mercado. “La ocupación lo afecta todo en la vida cotidiana y sus condiciones son cada vez más inhumanas”, afirma Palop, en referencia a cómo el gobierno de Israel impide el desarrollo económico y social del estado palestino: “Prohíbe la construcción de viviendas e infraestructuras, destruye las existentes, fomenta la inmovilidad de personas y mercancías, bloquea el acceso a la atención médica, deniega el acceso a las fuentes naturales de agua, exige gran cantidad de documentos oficiales al campesinado para continuar trabajando sus tierras, y aún y conseguirlos, no tienen garantizado trabajarlas, y para construir asentamientos, las excavadoras destruyen los campos”, lista la portavoz de la entidad.
Es en este contexto que la Associació Catalana per la Pau ha consolidado la relación con el movimiento campesino palestino para implementar proyectos orientados a mejorar las capacidades productivas de organizaciones de base, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza.
Una de las estrategias es ampliar el conocimiento para introducir cultivos hidropónicos, un método de cultivo que no utiliza tierra y que puede permitir aumentar un 40% la productividad de los cultivos. “Fortalecer las cooperativas es fortalecer la reivindicación de los derechos tanto laborales como alimentarios y medioambientales de la población campesina palestina”, sintetiza Palop, sobre el trasfondo de muchos de los proyectos de la entidad. Por eso, en el trabajo conjunto con PFU, la formación en incidencia política y en métodos agroecológicos para reducir el impacto de los productos químicos sobre la tierra y el agua suponen dos pilares.
“La lucha entre palestinos e israelíes está concentrada en la tierra, por lo que la comunidad internacional tiene un papel muy importante en el apoyo al sector agrícola palestino, que representa la lucha por la libertad, la dignidad y la democracia en general”, reivindica Melhim, quien desconfía de voluntades de paz escritas y afirma que “el campesinado tiene que continuar replantando Palestina”.
Este artículo se enmarca en la publicación Sobre Terreny Núm. 6 – Especial 30 aniversari.
