Texto: Meritxell Rigol / Imágenes: Associació Catalana per la Pau
Entrevista a Maria del Carmen Cejas Herrera, presidenta de ACPA
Asegura que, a pesar de los muchos obstáculos con los que topa su país, el derecho a la alimentación está garantizado. “Aún y las dificultades que tenemos y las que nos impone el bloqueo económico y comercial de los Estados Unidos, es una prioridad del Estado”, afirma Maria del Carmen Cejas Herrera, presidenta de la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA). No obstante, “no todo está resuelto” con una política pública que procura un mínimo nutricional a toda la población, reconoce. La capacidad productiva de alimentos en Cuba es inferior a las necesidades de consumo de la población, sobre todo en las zonas urbanas, donde vive tres cuartas partes de la ciudadanía.
Por eso, ACPA, la organización que agrupa a los y las profesionales de la producción, cría, investigación y enseñanza relacionados con la industria animal, trabaja para fortalecer la seguridad alimentaria, entre otras, desarrollando formaciones para aplicar nuevas tecnologías en el sector agropecuario y participando como organización experta en la implementación del Plan para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) del gobierno cubano. “Esperamos que en los próximos años el aumento de las pequeñas y medianas empresas no estatales, el desarrollo de la ciencia y la técnica, la experiencia que han ido adquiriendo los productores después de los difíciles años que vivió Cuba con la llegada del periodo especial, y la formación del capital humano, consigan al menos aligerar la situación que afronta el sector agropecuario”, plantea Cejas Herrera.
La Associació Catalana per la Pau ha trabajado en Cuba a lo largo de los últimos 30 años en diversos proyectos, ubicados en diferentes regiones, que tienen en común el fortalecimiento de los sistemas productivos y del sector cooperativo en el cultivo del cacao, la ganadería menor y la piscicultura. Actualmente, contribuye a mejorar la seguridad alimentaria en las zonas urbanas y periurbanas de La Habana, dando apoyo al desarrollo sostenible de ocho cooperativas, que agrupan a más de mil productores y productoras. Las cooperativas son una pieza principal de la reforma agraria de 1959 y del modelo económico de la isla. Un 70% del territorio agrario del país está bajo gestión cooperativa y, en menor medida, producción individual. El tercio restante se encuentra bajo gestión de empresas estatales.
La escasez de productos básicos es una de las imágenes más presentes que tenemos en Europa sobre Cuba. ¿En qué estado de salud se encuentra el derecho a la alimentación?
En nuestro país, desde el triunfo de la Revolución, el Gobierno estableció dentro de sus políticas públicas un sistema de distribución de alimentos que garantiza un nivel adecuado de alimentación a la población. Incluye productos de primera necesidad, que se comercializan a precios subsidiados por el Estado, y podemos decir que garantiza el derecho a la alimentación. El Estado toma las medidas necesarias para conseguir satisfacer las necesidades nutricionales de la población con valores medianos de 2.500 a 3.000 calorías y entre 90 y 120 gramos de proteínas al día. En estos momentos se han tomado medidas en el orden económico dirigidas a incrementar los niveles productivos y se está desarrollando un plan nacional conocido como Plan SAN, dirigido a conseguir la seguridad alimentaria y nutricional de la población cubana, donde participan todos los actores vinculados a la producción y comercialización de alimentos en el país, tanto del sector estatal como empresarial, privado y de la sociedad civil. Se está preparando un proyecto de ley para la soberanía alimentaria, que será presentado en marzo de 2021 en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
¿Qué factores juegan en contra de la seguridad alimentaria en el país?
El país no consigue niveles productivos para satisfacer las demandas crecientes de alimentos. El Estado tiene que dedicar cada año altas sumas del presupuesto a importar una gran cantidad de alimentos y entradas para garantizar la canasta familiar de la población, como arroz, trigo y maíz, legumbres, aceites, pollo, leche en polvo y las materias primas para garantizar la alimentación animal y poder así incrementar la producción de huevos, carne de cerdo, leche y otros productos. Es por eso que entre las tareas de primer orden hay la substitución de importaciones y el crecimiento de las exportaciones. El proceso está afectado por el duro bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, que ha durado más de medio siglo. La última administración norteamericana lo ha endurecido hasta niveles extremos. Es el obstáculo principal para el desarrollo de la agricultura y la economía cubana.
¿Qué caracteriza al modelo agroalimentario en Cuba?
Los bajos niveles de producción nacional agrícola y ganadera, que no solo afectan al consumo de la población cubana, sino que agudizan la dependencia externa del país y la hacen cada vez más vulnerable a los cambios en el ámbito externo, principalmente en el comportamiento de los precios de los alimentos en el mercado internacional. Por eso se trabaja para conseguir el desarrollo y control de la producción agrícola y ganadera desde el territorio, aprovechando eficientemente los recursos con los que cuenta y teniendo presente sus particularidades. La recuperación de la producción agroalimentaria permitirá a la economía cubana remontar en condiciones más favorables a la recesión que experimenta desde inicios de la década pasada. Pero la obtención de un elevado nivel de seguridad alimentaria en condiciones de incremento de los precios de los alimentos a los mercados internacionales y la reducción de los costes ambientales, teniendo en cuenta los cambios climáticos, representa para Cuba un desafío en el momento actual. Es uno de los mayores retos que en el aspecto económico y social se plantean de cara a los próximos años.
¿La política agroalimentaria cubana se orienta a promover la soberanía alimentaria, entonces?
Sí, y ya hay territorios que han conseguido autoabastecerse de alimentos. El modelo agroalimentario que proponemos y que es capaz de garantizar los derechos de las personas tiene que ser inclusivo, es decir, opuesto al modelo hegemónico que se aplica a escala mundial. En nuestro país la tierra, el agua y las semillas son de todos, no hay hegemonía sobre esto. Es el Estado quien controla su manejo y garantiza el uso adecuado y sostenible, para no afectar al medio ambiente. En el caso de la tierra, hace años que se han liberado en usufructo tierras ociosas o deficientemente explotadas a 241.000 personas con interés de trabajarlas. Suponen un área superior a dos millones de hectáreas y se dedican a la ganadería y la producción agrícola.
En el caso del agua, se desarrolla un programa hidráulico para el uso y control del agua, se promueve la creación de presas y micropresas y el uso sostenible de este recurso, así como la gestión de las cuencas hidrográficas. En el caso de las semillas, se ha aprobado recientemente un decreto ley que otorga al Ministerio de Agricultura y sus instituciones el control del uso y la conservación, como vía para garantizar la biodiversidad. En este modelo es necesario que se dediquen esfuerzos para fomentar una conciencia productiva en la mayoría de la población, sembrar entre las nuevas generaciones el interés por las actividades que se desarrollan en el sector agropecuario. Se tendrá que estimular el creciente predominio de las pequeñas y medianas empresas, el desarrollo de la ciencia y la técnica y la formación del capital humano.
Este artículo se enmarca en la publicación Sobre Terreny Núm. 6 – Especial 30 aniversari.
