Texto: Meritxell Rigol / Imágenes: Associació Catalana per la Pau
Entrevista a Erick Kambale Kaghesi, presidente de Etoile du Sud
Espolio, corrupción, debilidad institucional y una ruptura de grupos armados conectados con la industria extractivista marcan el escenario en el que la población de la República Democrática del Congo sobrevive. Es uno de los territorios más ricos en minerales de todo el mundo y es, a la vez, uno de los que tiene más personas soportando el coste de la pobreza extrema. Casi 75 millones de personas, tres cuartas partes de la población congoleña, la sufren. “Las inmensas riquezas de la RD del Congo benefician solo a ciertas multinacionales, que inciden directamente en la situación del país, en detrimento de nuestro pueblo”, sintetiza Erick Kambale, presidente de Etoile du Sud, una organización socia de la Associació Catalana per la Pau que trabaja por el derecho a la salud. La República Democrática del Congo aprovisiona más del 60% de coltán a escala mundial, una materia utilizada, principalmente, en países del Norte global, para producir baterías de teléfonos móviles, ordenadores y coches eléctricos. Según analiza Kambale, “el saqueo de minerales” es una muestra de cómo el colonialismo ha tomado otras formas en su tierra donde, remarca el activista, la paz aún es un horizonte lejano. Millones de personas desplazadas, refugiadas y migradas son uno de los resultados de la violencia que, desde los años 90, castiga al segundo país más grande de África. Una violencia con múltiples actores en primera línea y con un gran silencio internacional; un conflicto olvidado.
¿Qué hay detrás del escenario de extrema pobreza en que sobrevive buena parte de la población congoleña?
Para hacer un buen análisis, se tendría que remontar al período de tráfico de esclavos y también a los inicios del colonialismo. Pero si nos fijamos en la historia más reciente, después de que los belgas aceptaran la independencia [1960], a raíz de la lucha de nuestro pueblo por liberarse, los colonizadores supieron negociar políticas que los favorecieran y hasta impulsaron la dictadura de Mobutu Sesé Seko, que sufrimos durante 32 años. Las materias primas del país son regaladas, mientras que las infraestructuras se deterioran. En estas condiciones, distintas instituciones internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, imponen deudas para ‘socorrer’ a los países africanos. Una deuda que ha constituido un arma de destrucción de la economía africana, también de la congoleña. En cumbres mundiales, la potencialidad de los recursos naturales de la RD del Congo siempre está en el centro; pero todos los programas se han orientado a exportarlos, no a crear industria para transformarlos. Al final, el país no produce nada y su funcionamiento está marcado por interferencias externas y sin verdaderos programas de desarrollo.
Buena parte del suministro mundial de coltán, un mineral que la Unión Europea y los Estados Unidos reconocen como fundamental para su desarrollo económico, proviene de la RD del Congo. Pero, ¿qué aporta la actividad minera a la población del país?
La ley que regula la exploración, explotación y exportación de los productos mineros y el código minero son instrumentos elaborados mayoritariamente en el extranjero por agentes de las multinacionales que operan en el sector, que imponen sus condiciones y aportan a la RD del Congo un porcentaje muy reducido de lo que ganan. La población tiene la prerrogativa de organizar operaciones de minería artesanal, pero como los compradores son las empresas multinacionales, estas marcan sus precios.
Son las multinacionales quienes deciden el lugar donde se harán las extracciones, sin tener en cuenta a la población que vive allí. Hay pueblos que desaparecen y las comunidades que se resisten son amenazadas por la policía y el ejército. Algunas empresas, en el caso de que la población se resista, crean o financian grupos armados que ocupan las zonas mineras. Y como tampoco se acostumbra a hacer ningún estudio de impacto ambiental, además sufrimos contaminación del agua, empobrecimiento de la tierra y radioactividad en las zonas de extracción minera.
Las concesiones mineras se hacen en total opacidad y, en nombre de la mejora del clima de negocios, para favorecer la instalación de empresas, los salarios en el país son bajos y las empresas extranjeras obtienen una exención fiscal de tres a cinco años. A veces, después de este tiempo, lo que hacen es convertirse en nuevas empresas. En la mayoría de casos, no cumplen los compromisos de mejora de las condiciones sociales de las poblaciones locales: construcción de escuelas, centros de salud, servicios de transporte… Todo esto pasa por la debilidad del Estado.
Por lo tanto, la presencia de estas empresas no se traduce en calidad de vida para la población…
No. Como ya he dicho, las materias primas son exportadas sin ser transformadas y el valor añadido para el país es mínimo. Además, la inmensa mayoría de las explotaciones mineras son controladas por grupos armados, que ejercen la violencia contra la población para imponer su ley. Y si alguna mina que es explotada por la población de forma cooperativa les interesa, ejercen la violencia más extrema y se apoderan de ella. Entre todo este bullicio de grupos armados, se produce también el espolio de una buena parte del mineral, que es llevado ilegalmente a otros países cuando una empresa cree que las condiciones del momento en la RD del Congo suponen un tropiezo para su proyecto. Así, algunos estados vecinos, como Uganda, son grandes exportadores de coltán sin tener ni una sola mina.
¿Luchar para el derecho a la salud implica luchar contra los impactos del modelo extractivista?
Garantizar la salud de la población implica incidir en unos determinantes sociales que influyen directamente en ella. Es decir, es necesario trabajar sobre aquellos factores que afectan directamente a la salud de las personas: el acceso a la atención médica, a la información y la formación en salud, las condiciones de salubridad, el agua potable, un entorno saludable, la seguridad alimentaria (alimentos suficientes y sanos), pero también demanda vivir en paz y con seguridad. Y tener libertad de expresión y de pensamiento, acceso a la educación de calidad, a una vivienda digna y a unas condiciones laborales dignas.
En EDS trabajamos a partir de la responsabilización de la población por medio del empoderamiento popular basado en la participación comunitaria, para que la misma población analice sus necesidades, se organice para encontrar las soluciones y proponga acciones que ella misma ponga en práctica para cambiar sus condiciones de vida. Es lo que llamamos método SOM: Sensibilización, Organización y Movilización. Y para hacerlo trabajamos con organizaciones de base como los comités de salud popular, los comités de salud agraria, comités populares para la paz…
Organizar a las personas frente a sus problemas es un reto, porque algunas intervenciones externas se hacen con programas que enseñan a la gente a esperar la ayuda de Occidente, como si hubieran de venir y acabar con los problemas de los negros.
La RD del Congo tiene el oscuro récord de ser el país en que se estima que hay más violaciones cada año. En numerosos casos, las mujeres y niñas son agredidas en el camino para acceder al agua. ¿Cómo se explica?
Más del 70% de la población no tiene acceso al agua potable y las mujeres y las niñas son las que recorren largas distancias para acceder a ella, porque se considera que son las que han de cuidar del hogar. Se exponen a violaciones en el camino cuando van a buscarla, a primera hora de la mañana o de la noche, porque durante el día están atareadas con otras labores domésticas y de cuidados. Las mujeres son la mano de obra principal en la que se basa la economía de subsistencia de los hogares en la República Democrática del Congo y es así, especialmente, en el caso de los hogares más vulnerables. Las mujeres participan en actividades económicas informales y se encargan de todo el trabajo de los cuidados de las personas de la familia, a cuesta de su salud. Hacen un sobresfuerzo inhumano en condiciones particularmente difíciles. Por eso hemos iniciado el proyecto “comunidades de género” en los barrios populares, para que mujeres, hombres, niñas y niños se reúnan y luchen contra las desigualdades de género.
Las mujeres empiezan a ganar capacidades de influir y participar en la toma de decisiones. Se trata de trabajar para romper los estereotipos, de luchar contra las violencias de género, de favorecer el reparto equitativo de tareas en el ámbito privado, de potenciar la participación pública de las mujeres, de demandar una sociedad realmente equitativa. También son espacios de encuentro entre las mujeres para su propio debate, su propia organización y movilización, y para la acción en favor de su liderazgo. Y hemos empezado a extender las comunidades de género a los centros de educación con alumnos, padres, madres y profesores porque el alumnado, y sus familias, comprendan desde bien jóvenes la importancia de la paridad de género.
¿Defender los derechos de las mujeres comporta sanciones sociales a las activistas?
Las activistas por los derechos de las mujeres experimentan cierta violencia por su activismo, en el sentido de sufrir rechazo, menosprecio y hasta ataques por parte de gente de su comunidad. También dentro de sus familias. Se les acusa de sembrar malestar dentro de los hogares por su ideología. A menudo son ignoradas por las otras mujeres, que tienen miedo de perder a los maridos por seguir unos mensajes que las lleva a enfrentarse con ellos. Diversas comunidades continúan vinculadas a costumbres y prácticas religiosas que esclavizan a las mujeres y niñas. El cambio en estas familias depende del trabajo de base y las personas activistas encuentran problemas a la hora de sensibilizarlas. Ahora bien, las personas miembros de las comunidades de género desarrollan estrategias conjuntamente para penetrar en estos hogares y convencer a los que lo ponen más difícil. La organización y la participación comunitaria son también herramientas para prevenir y luchar contra la violencia que sufren las mujeres, activistas o no.
¿Qué es necesario hacer para que la población de la RD del Congo viva en una paz efectiva?
La paz implica autonomía e independencia de acción, de expresión y de pensamiento; implica la capacidad y la posibilidad de disfrutar del necesario bienestar; garantizar el desarrollo sostenible y equitativo es garantizar la paz. A nuestro entender, la paz es un determinante social de la salud vinculado a muchos otros determinantes, es por eso que luchamos por el derecho a la salud de la población, porque hacerlo es luchar por el respeto a todos los derechos de las personas. La RD del Congo ha de ser un país soberano e independiente, sin injerencias, con una población implicada en el desarrollo sostenible y en el cual las riquezas estén al servicio del país y su pueblo. Por eso, trabajamos por la participación activa de la población y por implicar a las autoridades en la implementación de las soluciones propuestas y el apoyo a las acciones comunitarias.
Este artículo se enmarca en la publicación Sobre Terreny Núm. 6 – Especial 30 aniversari.
