Texto: Meritxell Rigol / Imágenes: Associació Catalana per la Pau

Al presentarse, menciona antes que es ama de casa y tiene seis hijos que no haber conseguido lo que es aún excepcional en el Líbano: que una mujer ocupe un cargo de representación pública. “Me sentí con la obligación de hacer alguna cosa para mi pueblo, de ayudar a contrarrestar la falsa imagen de Arsal como pueblo vinculado al terrorismo, y a pesar de tratarse de un entorno muy conservador, salí escogida vicealcaldesa”, explica Rima Mohammed El Kronbi, hasta hace poco, miembro del gobierno local de este municipio fronterizo con Siria.

Asegura que las dificultades empezaron desde el momento de la elección. “A la gente le gusta que la represente un hombre, no una mujer”, dice. “Los hombres consideran que las mujeres tienen menos conocimientos, pero considero que podemos llegar al máximo y conseguirlo en el lugar de trabajo”, afirma.

En el Líbano, las mujeres no llegan a suponer ni un 5% de la representación parlamentaria (solo están en seis de los 128 escaños). Además, “las que pueden estar allí es porque han heredado el cargo de su padre, marido u otro familiar, siempre hombres”, denuncia League for Lebanese Women’s Rights. Es una de las entidades con las que la Associació Catalana per la Pau colabora para fortalecer la capacidad de denuncia contra la violencia de género y para hacerla visible en un país donde, a pesar de que la Constitución reconoce la igualdad entre mujeres y hombres, el ordenamiento jurídico -conformado por leyes herederas del período colonial y fruto de la influencia del poder religioso- discrimina a las mujeres. La subordinación a los hombres en distintas esferas del plano legal se traduce en múltiples violencias por razón de género en el plano económico y social, dentro y fuera de los hogares.

“El principal obstáculo de las mujeres para obtener autonomía en el Líbano es el sistema político confesional, porque hace que, en cada intento de cambio, topemos con representantes de las confesiones religiosas y con sus líderes en el gobierno, que están de acuerdo en evitarlo”, resume Marie Nassif-Debs, presidenta de Mousawat Association-Wardeh Boutros for Women’s Work. Las organizaciones progresistas y especialmente las feministas reivindican la laicidad del Estado que, como fórmula en nombre de la estabilidad, reparte el poder político entre las diferentes comunidades religiosas del país.

Casi cada religión del país tiene su propia ley -hay 18 comunidades religiosas reconocidas y quince códigos de estatuto personal, que se aplican a las personas en función de la religión que profesan-, así como tribunales propios, para regular cuestiones como matrimonios, divorcios, custodia de sus criaturas, herencias y derecho a la propiedad o traspaso de la nacionalidad a los niños y niñas y los derechos que van asociados, como el acceso a la educación, la sanidad y a determinados puestos de trabajo.

“Dentro de cada ley hay discriminaciones por razón de género, pero son diferentes según la religión”, explica Nassif-Debs, para quien estas leyes parten “de una mirada que inferioriza a las mujeres”. “Las leyes sectarias permiten la violencia machista, algunas legalizan el matrimonio infantil y otorgan a los hombres el derecho a decidir dentro de la familia, por lo tanto, la prioridad de la lucha feminista es abolirlas y conseguir un código civil unificado y democrático”, plantea la activista.

En la vecina Jordania, también el fundamentalismo religioso se imbrica en la legislación, legitima violencias contra las mujeres y niñas y “limita las posibilidades de desarrollarse y contribuir a la sociedad por razón de género”, denuncia Layla Hamarneh, directora de proyectos de Arab Women Organization (AWO). “La discriminación contra las mujeres está enraizada en as estructuras patriarcales del poder, que se imponen para controlar los recursos y la autonomía de las mujeres, en el plan individual y colectivo, a través de las normas políticas y sociales, la influencia del conservadorismo religioso y la legislación discriminatoria”, comenta Hamarneh, sobre el escenario que las feministas organizadas se proponen revertir en Jordania.

AWO es una de las organizaciones feministas con la que la Associació Catalana per la Pau coopera para fortalecer la capacidad de incidencia política de las mujeres en la región de Oriente Medio, a través de formaciones en derechos y prevención de la violencia machista, de generar redes de trabajo y de acciones para multiplicar el impacto de la sensibilización destinada a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a representantes políticos.

Con el apoyo de la entidad catalana, AWO participa en la construcción de una “estrategia de género municipal” en la Gran Municipalidad de Amman, capital de Jordania, con el objetivo de implementar la equidad de género en este espacio administrativo. “Es un primer paso para crear una red para la equidad de género que implique a actores locales, nacionales e internacionales”, explica Mafalda Alcántara, técnica de la asociación a cargo de los proyectos en este territorio.

Como en el Líbano, en Jordania existe una legislación que reconoce la “violencia doméstica”. Pero es el tribunal de la sharia (la ley islámica) el que determina qué es violencia y qué no. Asesinar a una mujer casada por una infidelidad (adulterio) o violarla dentro del matrimonio no son reconocidos como crímenes. “Las normas sociales y culturales devalúan a las mujeres y aceptan la violencia como forma de disciplina; se entiende como una herramienta para que los hombres impongan la dominación que se les presupone sobre las mujeres y niñas, por lo que la violencia está muy extendida”, afirma Hamarneh.

Walaa Hassan ha crecido consciente de la violencia contra las mujeres. “Sentía que no podía quedar callada y que tenía que actuar, pero no lo hice hasta que acabé la universidad, incómoda e infeliz por lo que pasaba a mi alrededor”, explica. Entrar en contacto con las organizaciones de izquierdas fue un inicio de etapa vital, dice, y derogar la ley que permitía a los violadores evitar la condena si se casaban con la mujer o niña agredida, un objetivo conseguido. Una de toda la recua pendiente por permitir a las mujeres vivir, para empezar, legalmente protegidas.

Hamarneh detecta como el activismo topa con “la creciente vigilancia y advertencia de ‘líneas rojas’ por parte del Estado, de las comunidades y, muchas veces, de las familias”, cosa que “limita la participación y la libre expresión de las mujeres y refuerza la marginación de los derechos de las mujeres en el discurso público y la agenda política, muy masculinizada y sin perspectiva de género”, explica la directora de proyectos de AWO.

Múltiples discriminaciones, en la raíz de la violencia

Las brechas de género en Jordania y en el Líbano son de las más profundas del mundo. El índice de desigualdad de género que elabora cada año el Fórum Económico Mundial (atendiendo al acceso a las oportunidades económicas, a la educación, a la salud y a la participación política) sitúa Jordania en la posición 138 y el Líbano en la 145 dentro del ranking de 153 estados analizados.

“Las mujeres somos víctimas de la falta de inversión orientada al desarrollo económico y social equitativo”, afirma Hamarneh, para quien hace falta poner el foco, no solo en los gobiernos nacionales, sino en el impacto de género de las políticas neoliberales impuestas por las instituciones financieras internacionales. “Operan bajo un marco económico que considera la preeminencia del mercado como un axioma neutral, que no puede ser políticamente desafiado y, como ejercen un poder significativo en la política económica de los países que dependen de su financiamiento para el desarrollo, en la práctica, limitan el margen político para debatir sobre las prioridades económicas, incluyendo los esfuerzos para promover el empoderamiento económico de las mujeres e incidir en el acceso a la educación, ocupación y salud”, denuncia.

En Jordania, las mujeres suponen solo un 14% del total de personas ocupadas. Es una de las tasas más bajas a escala mundial. En el Líbano, suponen un 27%. “Más mujeres formadas en las zonas urbanas no han alterado significativamente la posición económica, porque su trabajo se considera solo un apoyo al trabajo del hombre, se les mantiene un salario inferior y también inferior cobertura social, además que encontramos que a las mujeres se las orienta a unas ocupaciones muy limitadas y ocupan puestos de trabajo en la base de las pirámides de los sectores económicos”, explica Nassif-Debs.

A pesar de la creciente cantidad de mujeres con estudios superiores, en las zonas rurales y en suburbios empobrecidos de las ciudades se mantienen barreras para que las mujeres accedan a la educación. “Muchas familias no envían las niñas a la escuela o las mantienen pocos años y el matrimonio prematuro y forzoso es desgraciadamente la salida, especialmente para las niñas de familias sirias refugiadas”, destaca Nassif-Debs.

Un refugio que no protege

En los últimos años, Arsal, el municipio de Rima Mohammed El Kronbi, ha triplicado la población. En el año 2014, vivían allí unas 37.000 personas libanesas y, a finales de aquel año, más de 70.000 personas sirias habían llegado huyendo de la guerra. Hiyam Saddam Salem es una de ellas desde hace seis años. “Llevo todo este tiempo sufriendo un gran agotamiento”, explica. Sin embargo, hace de voluntaria y ofrece clases de sensibilización a otras mujeres del campo de refugiadas, para las cuales las ayudas prácticamente han desaparecido, lamenta.

“Muchas jóvenes que antes de desplazarse estudiaban y sacaban buenas notas al llegar aquí se quedan en casa y, cuando salen a la calle, están muy expuestas a miradas y comentarios, y también ha habido agresiones, por eso, a menudo los padres deciden casarlas y es un error”, exclama.

La situación es similar en Jordania. En torno al 13% de menores de 18 años están casadas. La cifra se dispara hasta el 33% entre las refugiadas sirias. De hecho, los matrimonios prematuros se han considerado la forma de violencia de género más habitual que sufren las jóvenes sirias refugiadas en el país. “La pobreza presiona a muchas familias a casar a las hijas pequeñas; ven el matrimonio como una oportunidad de alivio económico y una fuente de seguridad para ellas, pero impacta en el camino educativo de las jóvenes, que mayoritariamente no han terminado la educación elemental, e implica riesgos de salud, hasta algunas son inmaduras físicamente para iniciar relaciones sexuales y parir”, remarca Hamarneh.

Según AWO, las tensiones en el núcleo familiar aumentadas a raíz del desplazamiento forzado derivan en un aumento de la violencia física y psicológica contra las mujeres. Las agresiones y abusos sexuales se suman al mapa de violencias a que viven expuestas, también, dentro de los campos de refugiadas y que pueden suponer un peso más en sus trayectorias.

“Las agresiones sexuales quedan invisibilizadas; las familias no denuncian y en algunos casos hacen casar a las jóvenes con los violadores, al mismo tiempo que el temor a las agresiones lleva a restringir la movilidad de las mujeres e implica absentismo escolar entre las niñas”, explica Alcántara. Ante estas vulneraciones de derechos básicos, la Associació Catalana per la Pau colabora con AWO para que las mujeres puedan recurrir a centros de atención y protección física, psicológica y legal. Son espacios en que así mismo se trabaja en clave preventiva de las violencias machistas y para promover el empoderamiento de las mujeres, a través de incentivar la participación económica y adquirir herramientas para influir en espacios locales y comunitarios.

El Líbano ha sido, juntamente con Jordania, el principal receptor de personas refugiadas de la guerra de Siria, que ha incrementado hasta un 30% la población del país. Un 70% de las familias sirias establecidas en territorio libanés viven bajo el umbral de la pobreza. El 90% son mujeres y menores. Las mujeres refugiadas, a menudo encabezando las familias, se ven obligadas a aceptar cualquier trabajo, a cualquier precio.

“No tienen unas condiciones dignas de vivienda y sobreviven sin acceso a los suministros regulares de agua y electricidad, en un entorno precario en el cual la violencia se desata: acosos, violaciones, explotaciones, matrimonios prematuros y forzados, crímenes de honor, prostitución forzada, son los principales delitos cometidos contra las mujeres”, detalla Alcántara. Por eso, también en el Líbano, la entidad catalana actúa, de la mano de League for Lebanese Women’s Rights y Mousawat Association-Wardeh Boutros for Women’s Work, con el objetivo de favorecer el empoderamiento de las refugiadas, erradicar la violencia de género y promover el ejercicio de sus derechos; entre otros, el derecho a la salud.

“Es prioritario garantizarles necesidades básicas y promover la educación para la salud, con especial énfasis en la salud sexual y reproductiva, la atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género y, en concreto, detectar, denunciar y prevenir casos de violencia de género, sobre todo, en situaciones de matrimonios forzados y prematuros”, explica Alcántara. Una violencia contra mujeres jóvenes y niñas que suele ir acompañada de embarazos con un riesgo más alto de morbilidad y mortalidad.

En la región libanesa del valle de Bekaa, la Associació Catalana per la Pau ha contribuido a rehabilitar un centro sanitario con el objetivo principal de ofrecer cobertura sanitaria a las mujeres y menores de edad de la región. Paralelamente a la atención directa, el proyecto promueve la educación para la salud como herramienta para garantizar los derechos de las mujeres y de las comunidades en el ámbito de la salud, a través de formaciones en derechos sexuales y reproductivos, salud maternoinfantil y salud laboral.

“Nada es fácil para las mujeres”, afirma Rima Mohammed El Kronbi. No lo es en absoluto. Pero cada vez son más las que entregan un pulso cotidiano al conservadorismo y a los fundamentalismos. “¿Qué efecto tuvo mi elección? Me gustaría pensar que soy una referencia para las niñas y las jóvenes; que puedo ser un ejemplo donde se miren al decidir presentarse a sitios de responsabilidad”, lanza con esperanza y coraje que van mucho más allá de sí misma.

Este artículo se enmarca en la publicación Sobre Terreny Núm. 6 – Especial 30 aniversari. 

¿Quieres recibir nuestro boletín?

Articles relacionats