El pasado 22 de julio se cumplieron diez años de un evento clave dentro de la narrativa del delito de desaparición forzada en Colombia: la audiencia pública ‘Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales’, que tuvo lugar en 2010 en el cementerio de La Macarena, en el departamento del Meta.
Durante ese encuentro, se puso de manifiesto la existencia de numerosos enterramientos en cinco cementerios municipales de la región (La Macarena, Vista Hermosa, Granada, Villavicencio y San José del Guaviare) y se denunciaron cientos de casos de desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y desplazamiento forzado.
En la audiencia participaron familiares de víctimas, profesionales de la abogacía, población campesina amenazada, congresistas y senadores colombianos, así como una amplia delegación internacional formada por europarlamentarios, sindicalistas y personas defensoras de derechos humanos. La Associació Catalana per la Pau estuvo presente, junto a una representación del sector de la cooperación catalana, y desde entonces hemos seguido apoyando la labor de entidades como la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (Colectivo OFB), una de las impulsoras de la audiencia de La Macarena, a través de proyectos enfocados a la búsqueda de la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de desaparición forzada, en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en 2016.
Ahora, una década después, el Colectivo OFB, organizaciones defensoras de derechos humanos que trabajan en la región y organizaciones acompañantes nacionales e internacionales han convocado para el 6 de agosto una audiencia pública de rendición de cuentas y entrega de información a las comunidades, en el marco de la conmemoración de la efeméride.
A causa de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, se celebrará de modo virtual, a través de los canales telemáticos del Congreso de la República.
¿Qué pasó en Los Llanos Orientales?
La investigación en los cinco cementerios se produjo a raíz de las denuncias de la ciudadanía, que manifestaba que muchas personas de la región estaban siendo reportadas como guerrilleros dados de baja en combate y que sus cuerpos estaban ‘desapareciendo’.
En una acción humanitaria conjunta con la comunidad, se llevaron a cabo las pertinentes indagaciones y la realidad fue que había más de 2.300 cuerpos de personas reportadas como no identificadas, en su mayoría, dadas de baja en combate por las unidades militares con jurisdicción en esta región. A lo largo de los años se pudo establecer que 1.674 fueron reportadas por estas unidades como personas dadas de baja en combate. Los cinco cementerios comparten el mismo procedimiento y características: una vez se produce la ruptura de la zona de distensión, a estos lugares llegaban decenas de cadáveres que los sepultureros enterraban. Muchos eran inhumados como N.N (del latín nomen nescio: ‘nombre desconocido’) y depositados en fosas comunes.
La audiencia de La Macarena permitió iniciar la respuesta para ‘desenterrar la verdad’ y lograr establecer la identidad de las personas, iniciar las investigaciones pertinentes y generar planes de incidencia que proyecten acciones de visibilidad que exijan al estado colombiano las garantías de no repetición y la proscripción de delitos como la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales.
El trabajo de entidades como el Colectivo OFB ha permitido a lo largo de estos diez años mejorar la política pública frente a las personas no identificadas en el país, establecer diagnósticos, seguimientos y mesas de exigibilidad donde las familias víctimas han sido el centro de la actuación y la movilización por la exigencia de verdad, justicia, reparación y no repetición.
“Hemos acompañado a las familias en los procesos judiciales, de identificación, exhumación y entrega digna de sus seres queridos. Han sido diez años de litigio en los cuales estamos desentrañando la verdad de cada caso; porque al exhumar, no solo estamos sacando huesos, sino que estamos descubriendo qué pasó con esa persona en el momento en que murió y si su muerte se trata de una ejecución extrajudicial cometida por integrantes de la fuerza pública, conocida como los mal llamados falsos positivos”, explica César Santoyo, director ejecutivo del Colectivo OFB.
El 6 de agosto estaremos acompañando al Colectivo y al resto de organizaciones participantes para recordar lo que pasó e instar al estado colombiano a la búsqueda, protección, identificación, entrega digna de las personas no identificadas, la lucha contra la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales.
Consulta los principales logros y resultados obtenidos en estos diez años
Lee el informe ‘Desenterrar la Verdad en los Llanos Orientales’
