Texto: Associació Catalana per la Pau / Fotografía: Ronalyn V. Olea/ Bulatlat
La defensora filipina de derechos humanos Cristina Palabay visitó Cataluña del 24 al 28 de setembre de 2019, invitada por International Action for Peace y la Associació Catalana per la Pau.
Mientras pasea por las calles del Barrio Gótico y pese a la aglomeración de turistas y gente local que va encontrando a su paso, Cristina Palabay no puede evitar señalar la sensación de tranquilidad que estos días impregna sus movimientos en Barcelona. Es la falta de costumbre. Esta defensora filipina de 40 años hace muchos que no puede desplazarse de un punto al otro de la ciudad donde vive sin tener que comprobar constantemente si alguien la sigue, y con miedo a sufrir un ataque o emboscada en cualquier momento. “Es una vida sin libertad. Si ves una moto con dos personas encima, empiezas a preocuparte. En un instante te pueden tirotear”.
Palabay es la secretaria general de Karapatan, una alianza nacional de organizaciones sociales que trabaja para la promoción y la defensa de los derechos de las personas en Filipinas. Un país donde se ha disparado la impunidad policial, militar y gubernamental contra la población y donde se estima que en los últimos tres años se han producido más de 27.000 asesinatos extrajudiciales, según Amnistía Internacional. El Gobierno filipino solo reconoce 6.600.
La llamada ‘guerra contra las drogas’ impulsada por el presidente Rodrigo Duterte desde su llegada al poder ha servido como excusa para la creciente militarización y despliegue de fuerzas policiales, sobre todo en las áreas rurales remotas, donde se producen los mayores abusos contra la ciudadanía. Esta campaña está provocando la ejecución extrajudicial de miles de personas sospechosas de vender o consumir drogas, especialmente en las comunidades más empobrecidas. Según Palabay, muchas de las víctimas no tenían nada que ver con el narcotráfico ni con el mundo de la droga, sino que simplemente se encontraban de manera accidental en el lugar de los hechos.
Con Duterte en el Gobierno, las personas defensoras de derechos humanos han visto empeorar rápidamente sus condiciones de trabajo y de vida. Cristina es una de las muchas activistas amenazadas de muerte actualmente en Filipinas. El pasado mes de abril su compañero de Karapatan Bernardino Patigas fue asesinado en la ciudad de Escalante, en la provincia de Negros Occidental. Con él, ya suman 63 los trabajadores de esta ONG asesinados a causa de su labor activista.
Se calcula que al menos una persona defensora es asesinada cada semana.
Los objetivos principales son activistas de base, trabajadores del campo, miembros de las comunidades indígenas, ambientalistas e integrantes de organizaciones sociales y populares.
En el país existen cerca de 80.000 organizaciones sociales o sin ánimo de lucro, pero muchas no disponen de registro legal, hecho que dificulta su actividad y las convierte en extremadamente vulnerables ante posibles abusos y ataques.
Palabay denuncia que en los últimos meses el Gobierno ha elaborado y difundido listados de asociaciones, clasificándolas en función de su grado de “peligrosidad”, lo que no hace sino aumentar exponencialmente la persecución contra los activistas y la criminalización de su trabajo.
En su voluntad de reducir el espacio y capacidad de incidencia de los defensores y defensoras, el Gobierno filipino ha mostrado abiertamente su desprecio a los compromisos internacionales establecidos en materia de derechos humanos. Así, el 17 de marzo de 2018, presentó una nota oficial de retirada del Estatuto de Roma, mostrando un claro rechazo a las investigaciones de la Corte Penal Internacional en su contra. También ha acusado de terrorismo a la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos autóctonos, Victoria Tauli-Corpuz, de nacionalidad filipina, quien figura en una lista de organizaciones terroristas establecida por la propia administración Duterte.
Otra consecuencia de la campaña contra las drogas es que el número de presos se ha multiplicado y esto ha agravado el grado de saturación en las prisiones. Palabay denuncia que hay muchas presas embarazadas que viven en condiciones pésimas. También los presos políticos se ven afectados. A día de hoy, hay 540 presos políticos en Filipinas, la mayoría defensores y defensoras.
¿Cómo se presenta el futuro próximo? Palabay está convencida de que Duterte volverá a ganar las elecciones. “La gente tiene miedo”. Ya en los últimos comicios, correspondientes a la mitad del mandato, no hubo ninguna oposición real y las sospechas de fraude fueron más que manifiestas. “A pesar de su apariencia democrática, el de Filipinas es un sistema político totalmente disfuncional”.
Ante esto, desde Karapatan miran hacia fuera y abogan por fortalecer el compromiso de los organismos y gobiernos internacionales en relación a Filipinas. Con esta premisa, durante su visita a la capital catalana, Cristina Palabay se ha reunido con representantes políticos, institucionales y sindicales a los cuales ha hecho llegar su testimonio sobre la total vulneración de derechos básicos que afecta a las personas defensoras y a la población en general de su país.
