El pasado 1 de abril, las fuertes lluvias acontecidas en Mocoa, capital de la región colombiana de Putumayo, provocaron el desbordamiento de tres ríos y un posterior alud de barro y piedras sobre la localidad. Hasta ahora, se han registrado 273 muertos y cerca de 400 heridos y 220 desaparecidos. El Gobierno colombiano ha declarado la situación de Emergencia económica, social y ecológica en todo el municipio.
En respuesta a esta crisis humanitaria, la Associació Catalana per la Pau, en colaboración con su socio local en el país (la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC) puso en marcha una campaña de ayuda destinada a las personas afectadas.
ANZORC es una organización de segundo nivel que agrupa a unas 70 organizaciones campesinas colombianas que promueven y defienden la Zona de Reserva Campesina (ZRC), una figura jurídica que pretende el reconocimiento de los territorios campesinos.
Una comisión formada por miembros de la l’Associació Catalana per la Pau, el Secours Populaire Français y la Asociación Nacional De Zonas De Reserva Campesina (ANZORC) visitó la semana pasada la zona del desastre. Los integrantes de la comisión se reunieron durante tres días con diversos colectivos de afectados y con autoridades locales para tratar de identificar iniciativas y propuestas a medio y largo plazo para la reconstrucción de Mocoa. Asimismo, realizaron la primera entrega de materiales de ayuda adquiridos gracias a los fondos recaudados, en total, más de 15.000 euros.
Las primeras impresiones a su llegada sirvieron para constatar el estado catastrófico de las zonas más afectadas, que pese a las labores de limpieza, continúan saturadas de árboles, lodo y rocas. Muchas de las personas damnificadas siguen buscando sus pertenencias entre los escombros e intentan localizar a sus seres queridos desaparecidos. Por otro lado, la atención psicológica que recibe la población es escasa y depende únicamente de las entidades de ayuda humanitaria, por lo que no alcanza a realizar un correcto seguimiento de los casos.
En las reuniones mantenidas con las organizaciones locales, participaron representantes de las entidades Veeduría ciudadana, Mesa Municipal de Víctimas, Fundación Huellas de Fe y Esperanza, Alianza Tejedoras de Paz, Asociación de Víctimas Unidas por un Putumayo mejor y el PNUD; de las comunidades indígenas El Edén, Nueva Betania y NASA; del Cabildo Indígena Kamentsa Villa; un diputado de la Asamblea Departamental y la representante de la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica. Las propuestas que se debatieron se enfocaron hacia las siguientes prioridades:
– Auto reconstrucción de las casas afectadas
– Apoyo para la compra y titulación de terrenos a través de una alianza de organizaciones
– Elaboración de un censo sobre la población damnificada real y dotación de instrumentos para su reactivación económica
– Desarrollo de una caracterización social, productiva, económica y ambiental del municipio, junto a la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial
– Reconstrucción de la memoria histórica y los desastres ocurridos
Las organizaciones coincidieron en la crítica a la gestión que el gobierno colombiano está llevando a cabo desde el inicio de la tragedia (principalmente a través de los mecanismos puestos en marcha, como la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres o el Puesto de Mando Unificado, que se encarga de controlar las rutas de Ayuda Humanitaria que llegan a la ciudad). Así, en todas las reuniones y conversaciones mantenidas, se puso de manifiesto el nulo acceso que los actores sociales del municipio están teniendo a los espacios de toma de decisiones, en temas como la reubicación de las personas damnificadas o la gestión de los albergues, entre muchos otros.
Otros encuentros mantenidos con instancias de la región fueron con Sorrel Aroca, gobernadora del Departamento del Putumayo, y con Iván Melo, subdirector de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia).
Finalmente, una de las actividades importantes realizadas fue la identificación de los listados de damnificados facilitados por las organizaciones, que se debían cruzar con los listados de la Defensoría del Pueblo, para poder efectuar correctamente la entrega de los materiales de emergencia y ayuda. Para ello, el equipo de #TodosSomosMocoa contó con la colaboración de Rosa Posuy, defensora comunitaria.
En total se distribuyeron 235 kits individuales, con alimentos de primera necesidad y productos higiénicos, a familias damnificadas y vulnerables y cuatro kits comunitarios a los barrios de San Agustín, Nueva Betania, El Progreso y a la comunidad Nasa, en los que la alimentación a la población se garantiza mediante ollas comunitarias.
La misión concluyó con la redacción de un manifiesto en el que se establecen los principios sobre los que debe regirse la reconstrucción de Mocoa, articulados en la Alianza Social #TodosSomosMocoa, y que determina que el Fondo de Reconstrucción debe ser gestionado, administrado y ejecutado con participación efectiva de comunidades y organizaciones sociales presentes en el territorio, con un estricto seguimiento, evaluación, veeduría y auditoria.
