Desde el período colonial belga y a excepción de un breve intervalo posterior a la independencia en 1960, la RD del Congo ha vivido inmersa en una situación de despotismo, ausencia y desintegración del Estado, todo tipo de vulneración de los derechos humanos y la explotación de sus recursos naturales.
El conflicto armado que sufre en la actualidad el país ha causado más de 5 millones de víctimas mortales desde el 1998. La situación es compleja a causa de la multiplicidad de actores involucrados y a las múltiples dimensiones del conflicto a escala local, regional e internacional.
La extensión del territorio, de casi 2,4 millones de km², 9.000 km de fronteras a proteger y rodeado por nueve estados, ha contribuido a dificultar los intentos de construcción del Estado congoleño. Con 77,5 millones de habitantes, la RD del Congo se encuentra en las últimas posiciones en la clasificación 2017 del Índice de Desarrollo Humano (IDH). El 63% de su población vive por debajo de la media de los ingresos por habitante (220 dólares al año, uno de los más bajos del mundo).
En septiembre de 2017, más de 4,5 millones de congoleños se encontraban en situación de inseguridad alimentaria aguda y casi la mitad de los menores de cinco años sufrían malnutrición crónica. Menos del 50% de la población tiene acceso al agua potable; y también hay una grave carencia de acceso a los servicios sanitarios de base, a menudo muy caros e inaccesibles. La tasa de escolarización es del 66%, mientras que la tasa de personas con más de 15 años que saben leer y escribir en cualquiera de las lenguas del país es del 76,9% (hombres) y del 57% (mujeres).
En cuanto a la violencia hacia las mujeres, esta se da en todos los aspectos de la vida cotidiana de las congoleñas, y es especialmente grave en las zonas en conflicto, donde las agresiones sexuales se han convertido en arma de guerra. Violaciones y embarazos precoces y no deseados contribuyen a la elevada tasa de mortalidad maternal (846 muertos por cada 100.000 nacimientos en 2015).
A esta complicada situación, hay que añadir las carencias del Estado en términos de reactividad y de capacidad para proporcionar servicios básicos, seguridad y justicia, así como un entorno propicio al crecimiento equitativo. La situación de las infraestructuras de base también dificulta el acceso de las comunidades a los servicios y a los productos básicos.
La Associació Catalana per la Pau empezó a trabajar en la RD del Congo en 2016, de la mano de nuestros socios belgas Viva Salud, que han ayudado a identificar socios locales, en particular la organización Etoile du Sud, una potente red de educación popular creada alrededor del derecho a la salud, pero con capacidad de articulación de hombres, mujeres y niños en un trabajo orientado al incremento de la organización comunitaria.


