El sistema político es parlamentario y se fundamenta en un reparto confesional del poder impuesto por el colonialismo francés: el presidente de la República tiene que ser cristiano maronita; el presidente del Gobierno, musulmán suní y el presidente del Parlamento, musulmán chií. Desde 1989, tras los acuerdos de Taif, que pusieron fin a la guerra civil iniciada en 1975, se plantea de forma transitoria la distribución del parlamento al 50% entre cristianos y musulmanes, con el objetivo de avanzar en la línea de la eliminación de este reparto confesional político.

Hay 15 estatutos personales (prácticamente cada religión tiene su propio estatuto). Los partidos laicos y progresistas y, de manera especial, las organizaciones feministas han reivindicado siempre la laicidad del Estado y la creación de un estatuto personal unificado.

Dada su ubicación geográfica, se trata de una zona caracterizada por una elevada inestabilidad política y social, que ha sufrido y sufre guerras y conflictos internos o externos, como las invasiones del ejercido israelí de los años 1978 y 1982. Por los mismos motivos, ha sido tradicionalmente un país de acogida y refugio: allí viven unos 500.000 refugiados palestinos, 100 refugiados iraquíes, miles de kurdos y, recientemente a raíz del conflicto en Siria, cerca de 2.000.000 de personas refugiadas sirias.

Ocho años después del inicio de la guerra en Siria, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que el conflicto ha provocado la fuga de 5,6 millones de personas, 6,6 millones de desplazamientos internos y más de 13 millones de población con necesidades de protección urgente. El Líbano ha sido, junto con Jordania, el principal receptor de personas refugiadas, incrementando con ello su población hasta un 30% su población.

Desbordado por la crisis migratoria, la respuesta del Gobierno ha sido la adopción de políticas restrictivas en el acceso a los campos de refugiados y, en consecuencia, a la ayuda que en ellos se proporciona.