Texto: Meritxell Rigol \/ Im\u00e1genes: Associaci\u00f3 Catalana per la Pau<\/em><\/p>\n No sabes muy bien qui\u00e9n es quien firma aquel papel. Muchas veces, no tienes claro de d\u00f3nde sale. Pero, sea como sea, lo que te llega es ni m\u00e1s ni menos que una amenaza de muerte. \u201cTe quedas con el cuerpo lleno de incertezas<\/em>\u201d, sintetiza Luz Dary N\u00fa\u00f1ez, una joven excombatiente de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) residente en el Espacio Territorial de Capacitaci\u00f3n y Reincorporaci\u00f3n<\/a> (ETCR) Dar\u00edo Guti\u00e9rrez (departamento del Meta). Este espacio es una de las veinte zonas planteadas para facilitar el tr\u00e1nsito a la vida civil de miles de miembros de la que fue la guerrilla m\u00e1s grande de Colombia, hasta la firma de los acuerdos de paz con el Estado, ahora hace cuatro a\u00f1os. Un punto y aparte en el conflicto armado que ha marcado el pa\u00eds durante medio siglo, pero que, a la vez, no consigue ser un punto y aparte por lo que hace a la violencia generalizada.<\/p>\n Las personas excombatientes asesinadas desde la firma de los acuerdos superan las 200. Seg\u00fan reconoce la ONU, buena parte de los ataques tienen detr\u00e1s a grupos vinculados al narcotr\u00e1fico y actividades como la miner\u00eda ilegal. Adem\u00e1s de las amenazas y los atentados que no quedan atr\u00e1s, la falta de oportunidades y expectativas de futuro hace que sean cada vez m\u00e1s las excombatientes que han ido abandonando los ETCR.<\/p>\n<\/div> La Associaci\u00f3 Catalana per la Pau<\/a>, activa desde hace veinte a\u00f1os con el apoyo a organizaciones colombianas defensoras de los derechos humanos y promotoras del proceso de paz en el pa\u00eds, ha denunciado la vuelta a las armas por parte de exmandos de las FARC como una \u201cconsecuencia directa de los reiterados incumplimientos del acuerdo de paz por parte del gobierno colombiano<\/em>\u201d, desde 2018, bajo la presidencia del conservador Iv\u00e1n Duque, disc\u00edpulo pol\u00edtico de \u00c1lvaro Uribe. F\u00e9rreo opositor a la firma de la paz con las FARC, Uribe estaba encabezando el gobierno de Colombia [2002-2010] en el per\u00edodo en que tuvieron lugar los nombrados “falsos positivos”, uno de los cap\u00edtulos m\u00e1s cruentos del conflicto. Miles de civiles fueron asesinados a manos del ej\u00e9rcito y registrados como miembros de la guerrilla muertos en combate, a cambio de recompensas como dinero en met\u00e1lico o d\u00edas de vacaciones para los soldados de las unidades que realizaban los asesinatos.<\/p>\n<\/div> \u201cEl hecho de que el pa\u00eds viv\u00eda en guerra ha sido una realidad negada durante muchos a\u00f1os, con el objetivo de implementar una pol\u00edtica antiterrorista vulneradora de los derechos humanos de la poblaci\u00f3n, especialmente en las zonas rurales<\/em>\u201d, denuncia Naya Parra, responsable de incidencia del Colectivo Sociojur\u00eddico Orlando Fals Borda<\/a> (OFB), organizaci\u00f3n socia de la Associaci\u00f3 Catalana per la Pau que trabaja por los derechos de las v\u00edctimas del conflicto en Colombia.<\/p>\n Haciendo balance del cap\u00edtulo hist\u00f3rico abierto hace cuatro a\u00f1os, Parra destaca que, con la firma de los acuerdos, la FARC (sigla resignificada como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Com\u00fan) se convirtiera en un partido pol\u00edtico con voz en las instituciones para “expresar las propuestas para el pa\u00eds<\/em>“. \u201cTenemos avances en participaci\u00f3n pol\u00edtica a trav\u00e9s de la representaci\u00f3n parlamentaria, pero al mismo tiempo hay m\u00e1s de 200 personas firmantes del acuerdo de paz que han sido asesinadas, un incumplimiento de las garant\u00edas para todas las personas que decidieron dejar las armas<\/em>\u201d, denuncia. A la vez, realza que el acuerdo haya permitido \u201cdebates de fondo<\/em>\u201d. \u201cDurante mucho tiempo, todos los problemas del pa\u00eds se consideraban responsabilidad de las FARC; todo se relacionaba con las acciones de la guerrilla. Ahora ya no hay la excusa de siempre: la finalizaci\u00f3n del conflicto ha llevado a revisar hechos de corrupci\u00f3n<\/em>\u201d, remarca la portavoz del Colectivo OFB.<\/p>\n Las organizaciones defensoras de los derechos humanos coinciden en denunciar que la infradotaci\u00f3n presupuestaria para implementar el acuerdo est\u00e1 siendo un tropiezo para construir la paz bajo el actual gobierno de extrema derecha y que, en la pr\u00e1ctica, la pacificaci\u00f3n del enorme territorio rural del pa\u00eds se mantiene solo sobre el papel. Son muy amplias las zonas de Colombia en que las comunidades campesinas, ind\u00edgenas y afrodescendientes contin\u00faan sobreviviendo en escenarios de violencia armada<\/strong>; territorios donde defender derechos colectivos frente a intereses privados implica, sistem\u00e1ticamente, jugarse la vida.<\/p>\n Las otras armas<\/strong><\/p>\n La retirada de 8.000 combatientes a ra\u00edz de los acuerdos de paz no ha eliminado el control armado de los territorios donde la guerrilla hab\u00eda establecido, de facto, un gobierno. El vac\u00edo que las FARC han dejado ha supuesto en la pr\u00e1ctica una reestructuraci\u00f3n de los actores armados, en muchos casos, grupos con intereses vinculados al comercio y transformaci\u00f3n de cultivos de uso il\u00edcito, la miner\u00eda o la explotaci\u00f3n de madera, que han ocupado territorios donde el Estado contin\u00faa ausente<\/strong>. \u201cAhora, en muchos lugares, la gente no tiene claro qui\u00e9nes son los grupos armados que act\u00faan en el territorio, pero s\u00ed que se sabe que en las zonas donde todo est\u00e1 m\u00e1s complicado hay grupos relacionados con el narcotr\u00e1fico y que los paramilitares se han fortalecido, adem\u00e1s de haber disidencia de las FARC<\/em>\u201d, resume Parra.<\/p>\n<\/div> La reanudaci\u00f3n de las armas por parte de excombatientes de las FARC intensifica el conflicto por el control de las regiones m\u00e1s remotas del pa\u00eds y “refuerza las posiciones pol\u00edticas de la extrema derecha colombiana, que ha tratado de boicotear durante a\u00f1os el proceso para cerrar una guerra que ha supuesto, solo, una expresi\u00f3n de un conflicto m\u00e1s amplio: lo que implica la desigualdad en la distribuci\u00f3n de la riqueza, la concentraci\u00f3n de los medios de producci\u00f3n en pocas manos, la permanente violaci\u00f3n de los derechos humanos, la impunidad de las Fuerzas Armadas y la corrupci\u00f3n del poder pol\u00edtico<\/em>\u201d, lamenta Xavier Cutillas, presidente de la Associaci\u00f3 Catalana per la Pau.<\/p>\n Seg\u00fan denuncia la entidad catalana, entre los incumplimientos del acuerdo, el escaso alcance de los proyectos productivos dirigidos a personas excombatientes es uno de los m\u00e1s peligrosos para el objetivo de una paz “estable y duradera<\/em>“.<\/p>\n<\/div> Por eso, considera prioritario fortalecer estas actividades de la mano de organizaciones locales. Es lo que hace en el ETCR Silver Vidal Mora (departamento del Choc\u00f3), donde impulsa una cooperativa dedicada a la producci\u00f3n de aceites esenciales, que se plantea como una v\u00eda de ingresos y de incorporaci\u00f3n a la vida civil para sesenta familias del territorio. O en el ETCR Monterredondo, en el municipio de Miranda (departamento del Cauca), donde juntamente con la Fundaci\u00f3 Solidaritat UB<\/a> y la Universidad Javeriana de Cali<\/a> da apoyo a un proyecto pisc\u00edcola de cr\u00eda y comercializaci\u00f3n de tilapia.<\/p>\n La firma de la paz no ha blindado tampoco la seguridad de las personas lideresas sociales y defensoras de los derechos humanos. Son casi mil las asesinadas desde 2016. \u201cLos que controlan los territorios se consideran propietarios de la vida de las personas y si tienen intereses y aparecen l\u00edderes y lideresas sociales reclamando los derechos de sus comunidades, exigiendo por ejemplo el cuidado del medio ambiente o que se cumpla el acuerdo de paz, se convierten en una amenaza para los intereses de los que quieren hacer negocio, de manera que se convierten en un objetivo<\/em>\u201d, explica Parra sobre el goteo incesante de asesinados.<\/p>\n Defender la vida, a costa de la propia <\/strong><\/p>\n En mensaje de texto, en correos electr\u00f3nicos, en panfletos, de viva voz… Les amenazas de muerte no cesaban. Edilberto Daza, tesorero de la Fundaci\u00f3n de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en el Oriente y Centro de Colombia<\/a> (Fundaci\u00f3n DHOC), dej\u00f3 su casa, amenazado por paramilitares. Es una de las siete millones de personas v\u00edctimas de desplazamiento forzado que ha acumulado el conflicto colombiano, una cifra solo superada en los \u00faltimos a\u00f1os por la que ha dejado la guerra de Siria.<\/p>\n<\/div> A pesar de alejarse de casa, Daza sufri\u00f3 un secuestro y un atentado. Es en esta situaci\u00f3n que vivi\u00f3 en Barcelona durante seis meses dentro del programa catal\u00e1n de protecci\u00f3n de defensores y defensoras de los derechos humanos. \u201cYa no ten\u00eda alternativa<\/em>\u201d, afirma.<\/p>\n Su experiencia no es excepcional. A principios de a\u00f1o, la ONU denunci\u00f3 el aumento de asesinatos de personas defensoras durante el 2019 en Colombia y pidi\u00f3 al gobierno de Duque un \u201cextenuante esfuerzo<\/em>\u201d para prevenir los ataques e investigar \u201ccada uno de los casos y llevar a juicio a los responsables<\/em>\u201d, para frenar lo que ha calificado de \u201cciclo end\u00e9mico de violencia e impunidad<\/em>\u201d.<\/p>\n<\/div> \u201cEl paramilitarismo tiene la mano puesta dentro de las fuerzas p\u00fablicas<\/em>\u201d, afirma Libardo Zapata, l\u00edder del partido Uni\u00f3n Patri\u00f3tica (UP) [brazo pol\u00edtico de las FARC masacrado en los a\u00f1os 80 durante un intento de conseguir la paz] y excombatiente. \u201cSi el Estado no interviene de manera firme, no nos dejar\u00e1 cumplir el proceso de paz<\/em>\u201d, a\u00f1ade.<\/p>\n \u201cAqu\u00ed, una no sabe si confiar en las autoridades o no hacerlo, porque tenemos diversos casos en que la gente ha ido a la polic\u00eda y se les ha recomendado que se queden callados porque pueden correr peligro por el hecho de denunciar<\/em>\u201d, asegura Mar\u00eda Dolores Rivera, responsable de la Fundaci\u00f3n DHOC.<\/p>\n En el caso de las mujeres lideresas sociales, amenazar a sus hijos e hijas y la violencia sexual devienen dos armas que se suman a las amenazas directas y a los atentados<\/strong>. \u201cAgrediendo a las mujeres, que tienen el rol de cuidadoras de las familias y la comunidad, se multiplica el mal que se hace al tejido comunitario<\/em>\u201d, explica Parra.<\/p>\n Repartir la tierra, recordar y reparar <\/strong><\/p>\n Otra de las paredes maestras de la paz que, incompleta, la hace tambalearse, es la reforma rural integral, \u201cuna redistribuci\u00f3n de la tierra, que est\u00e1 en la ra\u00edz de los conflictos de Colombia<\/em>\u201d, describe Parra. \u201cLos intereses de terratenientes, ganaderos y empresarios de cultivos extensivos han arrasado con los derechos de la poblaci\u00f3n campesina y siempre ser\u00e1 f\u00e1cil para las organizaciones criminales instalar sus negocios en las zonas rurales si la gente no puede vivir del campo<\/em>\u201d, explica.<\/p>\n Para promover oportunidades, la Associaci\u00f3 Catalana per la Pau da apoyo a asociaciones campesinas que desarrollan propuestas productivas. Actualmente, trabaja en la regi\u00f3n del Magdalena Medio en el marco del proyecto Ecob\u00fafalo Campesino<\/a>, una cooperativa de producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n sostenible a peque\u00f1a escala de carne de b\u00fafala y derivados l\u00e1cticos. \u201cEs b\u00e1sico defender su derecho a la tierra y a la soberan\u00eda alimentaria<\/em>\u201d, reclama Cutillas.<\/p>\n En el estancamiento de la reforma agraria integral, hay que sumar la falta de soluci\u00f3n concertada con las comunidades campesinas sobre la sustituci\u00f3n de los cultivos de uso il\u00edcito, as\u00ed como las limitaciones a la participaci\u00f3n pol\u00edtica en los territorios m\u00e1s afectados por el conflicto armado y las trabas impuestas a la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (JEP), un mecanismo de justicia -dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y No Repetici\u00f3n creado con los acuerdos- que investiga y juzga a las personas participantes en el conflicto. Conforman un conjunto de incumplimientos de los acuerdos firmados el 2016 que, denuncia la organizaci\u00f3n catalana, \u201cponen de manifiesto la falta de voluntad pol\u00edtica del actual gobierno en su compromiso para la paz<\/em>\u201d.\u00a0<\/em><\/p>\n<\/div> Si bien el establecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y No Repetici\u00f3n ha reconocido la necesidad de asegurar los derechos de las familias de las v\u00edctimas de desaparici\u00f3n forzada y su participaci\u00f3n en los mecanismos desarrollados -adem\u00e1s de la JEP, la Comisi\u00f3n de la Verdad y la Unidad de B\u00fasqueda de Personas Dadas por Desaparecidas-, el Colectivo OFB detecta en la falta de recursos dedicados en estas instituciones una voluntad del gobierno colombiano de \u201cbuscar impunidad por los cr\u00edmenes de Estado<\/em>” y “que los militares implicados en graves violaciones de los derechos humanos y cr\u00edmenes de guerra no expliquen qui\u00e9n estaba dando las \u00f3rdenes<\/em>\u201d.<\/p>\n Con el apoyo de la Associaci\u00f3 Catalana per la Pau, el Colectivo OFB hace m\u00e1s de diez a\u00f1os que trabaja en la b\u00fasqueda de personas desaparecidas durante el conflicto. M\u00e1s de 100.000. \u201cAcompa\u00f1amos a miles de familias en el proceso de b\u00fasqueda, intentamos saber por qu\u00e9 desaparecieron y estemos reportando casos de ‘falsos positivos’, cometidos por el Ej\u00e9rcito con el objetivo de atemorizar a la poblaci\u00f3n all\u00e1 donde hab\u00eda planes de consolidaci\u00f3n militar<\/em>\u201d, explica Parra.<\/p>\n Desde Catalunya, a trav\u00e9s de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Col\u00f2mbia<\/a>, decenas de entidades est\u00e1n atentas e inciden para favorecer la implementaci\u00f3n y verificaci\u00f3n de los mecanismos que establece el acuerdo de paz, a pesar de que, advierte Cutillas, \u201cla soluci\u00f3n al conflicto armado lo transciende<\/em>\u201d. \u201cRequiere atenci\u00f3n a las necesidades de la poblaci\u00f3n, que es la interlocutora leg\u00edtima y necesaria en la b\u00fasqueda de una paz que no llegar\u00e1 sin justicia social<\/em>\u201d, plantea el presidente de la entidad catalana, delante de un escenario en construcci\u00f3n que no ha removido a\u00fan las bases de la desigualdad extrema.<\/p>\n Este art\u00edculo se enmarca en la publicaci\u00f3n Sobre Terreny N\u00fam. 6 – Especial 30 aniversari<\/a>.\u00a0<\/em><\/p>\n<\/div>![](\"https:\/\/acpau.org\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/colombia1-1024x683.jpg\" "\\"colombia1\\"")
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