Texto: Associaci\u00f3 Catalana per la Pau \/ Fotograf\u00eda: Ronalyn V. Olea\/ Bulatlat<\/p>\n
La defensora filipina de derechos humanos Cristina Palabay visit\u00f3 Catalu\u00f1a del 24 al 28 de setembre de 2019, invitada por International Action for Peace y la Associaci\u00f3 Catalana per la Pau.<\/em><\/h6>\nMientras pasea por las calles del Barrio G\u00f3tico y pese a la aglomeraci\u00f3n de turistas y gente local que va encontrando a su paso, Cristina Palabay no puede evitar se\u00f1alar la sensaci\u00f3n de tranquilidad que estos d\u00edas impregna sus movimientos en Barcelona. Es la falta de costumbre. Esta defensora filipina de 40 a\u00f1os hace muchos que no puede desplazarse de un punto al otro de la ciudad donde vive sin tener que comprobar constantemente si alguien la sigue, y con miedo a sufrir un ataque o emboscada en cualquier momento. \u201cEs una vida sin libertad. Si ves una moto con dos personas encima, empiezas a preocuparte. En un instante te pueden tirotear\u201d<\/em>.<\/p>\nPalabay es la secretaria general de Karapatan<\/a>, una alianza nacional de organizaciones sociales que trabaja para la promoci\u00f3n y la defensa de los derechos de las personas en Filipinas. Un pa\u00eds donde se ha disparado la impunidad policial, militar y gubernamental contra la poblaci\u00f3n y donde se estima que en los \u00faltimos tres a\u00f1os se han producido m\u00e1s de 27.000 asesinatos extrajudiciales<\/strong>, seg\u00fan Amnist\u00eda Internacional<\/a>. El Gobierno filipino solo reconoce 6.600.<\/p>\nLa llamada \u2018guerra contra las drogas\u2019 impulsada por el presidente Rodrigo Duterte desde su llegada al poder ha servido como excusa para la creciente militarizaci\u00f3n y despliegue de fuerzas policiales, sobre todo en las \u00e1reas rurales remotas, donde se producen los mayores abusos contra la ciudadan\u00eda. Esta campa\u00f1a est\u00e1 provocando la ejecuci\u00f3n extrajudicial de miles de personas sospechosas de vender o consumir drogas, especialmente en las comunidades m\u00e1s empobrecidas. Seg\u00fan Palabay, muchas de las v\u00edctimas no ten\u00edan nada que ver con el narcotr\u00e1fico ni con el mundo de la droga, sino que simplemente se encontraban de manera accidental en el lugar de los hechos.<\/p>\n
Con Duterte en el Gobierno, las personas defensoras de derechos humanos han visto empeorar r\u00e1pidamente sus condiciones de trabajo y de vida. Cristina es una de las muchas activistas amenazadas de muerte<\/a> actualmente en Filipinas. El pasado mes de abril su compa\u00f1ero de Karapatan<\/a> Bernardino Patigas fue asesinado en la ciudad de Escalante, en la provincia de Negros Occidental. Con \u00e9l, ya suman 63 los trabajadores de esta ONG asesinados a causa de su labor activista.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>Se calcula que al menos una persona defensora es asesinada cada semana<\/strong>.<\/p>\nLos objetivos principales son activistas de base, trabajadores del campo, miembros de las comunidades ind\u00edgenas, ambientalistas e integrantes de organizaciones sociales y populares.<\/p>\n
En el pa\u00eds existen cerca de 80.000 organizaciones sociales o sin \u00e1nimo de lucro, pero muchas no disponen de registro legal, hecho que dificulta su actividad y las convierte en extremadamente vulnerables ante posibles abusos y ataques.<\/p>\n
Palabay denuncia que en los \u00faltimos meses el Gobierno ha elaborado y difundido listados de asociaciones, clasific\u00e1ndolas en funci\u00f3n de su grado de \u201cpeligrosidad\u201d, lo que no hace sino aumentar exponencialmente la persecuci\u00f3n contra los activistas y la criminalizaci\u00f3n de su trabajo.<\/p>\n<\/div>
<\/div><\/div><\/div>![\"Cristina](\"https:\/\/acpau.org\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/cristina_palabay_filipines-e1570192032276.jpg\" "\\"cristina_palabay_filipines\\"")
<\/span><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>En su voluntad de reducir el espacio y capacidad de incidencia de los defensores y defensoras, el Gobierno filipino ha mostrado abiertamente su desprecio a los compromisos internacionales establecidos en materia de derechos humanos. As\u00ed, el 17 de marzo de 2018, present\u00f3 una nota oficial de retirada del Estatuto de Roma, mostrando un claro rechazo a las investigaciones de la Corte Penal Internacional en su contra. Tambi\u00e9n ha acusado de terrorismo a la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos aut\u00f3ctonos, Victoria Tauli-Corpuz, de nacionalidad filipina, quien figura en una lista de organizaciones terroristas establecida por la propia administraci\u00f3n Duterte.<\/p>\n
Otra consecuencia de la campa\u00f1a contra las drogas es que el n\u00famero de presos se ha multiplicado y esto ha agravado el grado de saturaci\u00f3n en las prisiones<\/strong>. Palabay denuncia que hay muchas presas embarazadas que viven en condiciones p\u00e9simas. Tambi\u00e9n los presos pol\u00edticos se ven afectados. A d\u00eda de hoy, hay 540 presos pol\u00edticos en Filipinas, la mayor\u00eda defensores y defensoras.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div>![\"Cristina](\"https:\/\/acpau.org\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/cristina_palabay_filipines3-e1570191993774.jpg\" "\\"cristina_palabay_filipines3\\"")
<\/span><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\u00bfC\u00f3mo se presenta el futuro pr\u00f3ximo? Palabay est\u00e1 convencida de que Duterte volver\u00e1 a ganar las elecciones. \u201cLa gente tiene miedo\u201d<\/em>. Ya en los \u00faltimos comicios, correspondientes a la mitad del mandato, no hubo ninguna oposici\u00f3n real y las sospechas de fraude fueron m\u00e1s que manifiestas. \u201cA pesar de su apariencia democr\u00e1tica, el de Filipinas es un sistema pol\u00edtico totalmente disfuncional\u201d<\/em>.<\/p>\n
Palabay es la secretaria general de Karapatan<\/a>, una alianza nacional de organizaciones sociales que trabaja para la promoci\u00f3n y la defensa de los derechos de las personas en Filipinas. Un pa\u00eds donde se ha disparado la impunidad policial, militar y gubernamental contra la poblaci\u00f3n y donde se estima que en los \u00faltimos tres a\u00f1os se han producido m\u00e1s de 27.000 asesinatos extrajudiciales<\/strong>, seg\u00fan Amnist\u00eda Internacional<\/a>. El Gobierno filipino solo reconoce 6.600.<\/p>\n La llamada \u2018guerra contra las drogas\u2019 impulsada por el presidente Rodrigo Duterte desde su llegada al poder ha servido como excusa para la creciente militarizaci\u00f3n y despliegue de fuerzas policiales, sobre todo en las \u00e1reas rurales remotas, donde se producen los mayores abusos contra la ciudadan\u00eda. Esta campa\u00f1a est\u00e1 provocando la ejecuci\u00f3n extrajudicial de miles de personas sospechosas de vender o consumir drogas, especialmente en las comunidades m\u00e1s empobrecidas. Seg\u00fan Palabay, muchas de las v\u00edctimas no ten\u00edan nada que ver con el narcotr\u00e1fico ni con el mundo de la droga, sino que simplemente se encontraban de manera accidental en el lugar de los hechos.<\/p>\n Con Duterte en el Gobierno, las personas defensoras de derechos humanos han visto empeorar r\u00e1pidamente sus condiciones de trabajo y de vida. Cristina es una de las muchas activistas amenazadas de muerte<\/a> actualmente en Filipinas. El pasado mes de abril su compa\u00f1ero de Karapatan<\/a> Bernardino Patigas fue asesinado en la ciudad de Escalante, en la provincia de Negros Occidental. Con \u00e9l, ya suman 63 los trabajadores de esta ONG asesinados a causa de su labor activista.<\/p>\n<\/div> Se calcula que al menos una persona defensora es asesinada cada semana<\/strong>.<\/p>\n Los objetivos principales son activistas de base, trabajadores del campo, miembros de las comunidades ind\u00edgenas, ambientalistas e integrantes de organizaciones sociales y populares.<\/p>\n En el pa\u00eds existen cerca de 80.000 organizaciones sociales o sin \u00e1nimo de lucro, pero muchas no disponen de registro legal, hecho que dificulta su actividad y las convierte en extremadamente vulnerables ante posibles abusos y ataques.<\/p>\n Palabay denuncia que en los \u00faltimos meses el Gobierno ha elaborado y difundido listados de asociaciones, clasific\u00e1ndolas en funci\u00f3n de su grado de \u201cpeligrosidad\u201d, lo que no hace sino aumentar exponencialmente la persecuci\u00f3n contra los activistas y la criminalizaci\u00f3n de su trabajo.<\/p>\n<\/div> En su voluntad de reducir el espacio y capacidad de incidencia de los defensores y defensoras, el Gobierno filipino ha mostrado abiertamente su desprecio a los compromisos internacionales establecidos en materia de derechos humanos. As\u00ed, el 17 de marzo de 2018, present\u00f3 una nota oficial de retirada del Estatuto de Roma, mostrando un claro rechazo a las investigaciones de la Corte Penal Internacional en su contra. Tambi\u00e9n ha acusado de terrorismo a la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos aut\u00f3ctonos, Victoria Tauli-Corpuz, de nacionalidad filipina, quien figura en una lista de organizaciones terroristas establecida por la propia administraci\u00f3n Duterte.<\/p>\n Otra consecuencia de la campa\u00f1a contra las drogas es que el n\u00famero de presos se ha multiplicado y esto ha agravado el grado de saturaci\u00f3n en las prisiones<\/strong>. Palabay denuncia que hay muchas presas embarazadas que viven en condiciones p\u00e9simas. Tambi\u00e9n los presos pol\u00edticos se ven afectados. A d\u00eda de hoy, hay 540 presos pol\u00edticos en Filipinas, la mayor\u00eda defensores y defensoras.<\/p>\n<\/div> \u00bfC\u00f3mo se presenta el futuro pr\u00f3ximo? Palabay est\u00e1 convencida de que Duterte volver\u00e1 a ganar las elecciones. \u201cLa gente tiene miedo\u201d<\/em>. Ya en los \u00faltimos comicios, correspondientes a la mitad del mandato, no hubo ninguna oposici\u00f3n real y las sospechas de fraude fueron m\u00e1s que manifiestas. \u201cA pesar de su apariencia democr\u00e1tica, el de Filipinas es un sistema pol\u00edtico totalmente disfuncional\u201d<\/em>.<\/p>\n<\/span><\/div><\/div><\/span><\/div><\/div>